EL CUENTO DEL DÉFICIT TARIFARIO DE LAS ELÉCTRICAS

Queridos niños: Érase una vez un país muy lejano, llamado España, en el que había seis millones de parados, dos millones de familias no tenían ningún ingreso, más de la mitad de los jóvenes en edad de trabajar no encontraban trabajo y decenas de miles de ingenieros, médicos, investigadores y personas de alta cualificación emigraban en busca de futuro.

En ese lejano país, el Gobierno recortaba, recortaba y recortaba en Educación, en Sanidad, en prestaciones a parados y personas con minusvalías, en obras públicas, en pensiones, en pagas extraordinarias y en cualquier presupuesto en el que los citados recortes permitieran ahorrar unas pesetas, aunque dicho ahorro supusiera el sufrimiento de cientos de miles de faamilias e incluso la muerte prematura de personas dependientes.

Perdón, queridos niños, he dicho en cualquier presupuesto, lo cual no es cierto, pues había presupuestos en los cuales el Gobierno de España no metía las tijeras.

Uno de los presupuestos en los que el Gobierno no efectuaba recortes era el dedicado a sufragar el déficit tarifario, cuyo pago, hasta un máximo de 25.000 millones, estaba garantizado por el Estado, pues en octubre de 2010 el Gobierno convirtió dicho déficit en deuda pública.

¿Qué era el déficit tarifario?, os preguntaréis. Pues el déficit tarifario era la cantidad resultante de ir acumulando la diferencia que se producía cada año entre la cantidad que las compañías eléctricas le habían dicho al Gobierno que les había costado poner el kWh (kilowatio x hora) en el domicilio del consumidor y la cantidad que, a través de la tarifa eléctrica, el Gobierno les había permitido a las compañías eléctricas cobrar por dicho kWh.

¿Quién comprobaba que eran correctos los datos facilitados por las compañías eléctricas al Gobierno? Pues el encargado de comprobar si los datos facilitados por las compañías eléctricas al Gobierno eran correctos era la Comisión Nacional de Energía (CNE), un Organismo cuya función era “velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento, en beneficio de todos los sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores”.

¡Ah, bueno!, diréis, entonces no le hubiera servido de nada a las compañías eléctricas facilitar datos falsos al Gobierno, porque la CNE los habría detectado.

¡Ay, queridos niños, cómo se nota vuestra inocencia! La CNE no detectaba los datos falsos facilitados por las compañías eléctricas al Gobierno porque el Gobierno impedía a la CNE detectar dichos datos falsos.

¿Qué hacía el Gobierno para impedir que la CNE detectara los datos falsos facilitados por las compañías eléctricas al Gobierno? Pues el Gobierno daba a la CNE un plazo máximo de siete días para analizar tanto los datos facilitados por las compañías eléctricas como la propuesta de tarifa establecida por el Gobierno y para emitir el correspondiente informe, lo cual hacía imposible que la CNE realizara eficientemente su labor, ya que en esos siete días, la CNE debía facilitar a cada miembro del Consejo Consultivo de Electricidad una copia de los citados datos y de la propuesta del Gobierno, analizar los informes emitidos por dichos consejeros, emitir su propio informe y hacer llegar éste al Gobierno.

La prueba de que era imposible realizar todo ese trabajo en tan sólo siete días es que en numerosas ocasiones, el informe de la CNE llegaba al Gobierno muchos días después de que el Consejo de Ministros fijara la tarifa eléctrica.

¿Por qué la CNE no protestaba ante el Gobierno por impedirle éste cumplir adecuadamente su función más importante? Pues veréis, queridos niños, la CNE venía protestando ininterrumpidamente desde al menos el año 2001, ya que en todos sus informes sobre la tarifa eléctrica advertía al Gobierno de que “una vez más hay que señalar que, para poder informar convenientemente la propuesta de revisión tarifaria, es preciso contar con un plazo más dilatado, que debe ser, al menos, de quince días (…).La precipitación y carencia de determinada información han repercutido no sólo en el trabajo de la Comisión sino también en el propio Consejo Consultivo, según manifestaciones de algunos de sus miembros, que no han tenido la oportunidad de valorar con tiempo suficiente la propuesta de tarifa del Gobierno”. 

¿Qué hacía el Gobierno con las protestas de la CNE? Pues dado que el Gobierno nunca hizo caso de dichas protestas y continuó impidiendo a la CNE analizar a fondo los datos facilitados por las compañías eléctricas al Gobierno, es muy posible que la respuesta a esta pregunta estuviera en los desagües de los inodoros del Palacio de la Moncloa, que era, por si no sabéis, la sede del Gobierno.

Entonces, diréis, si la CNE no podía comprobar si era correcta la cantidad que las compañías eléctricas le habían dicho al Gobierno que les había costado poner el kWh (kilowatio x hora) en el domicilio del consumidor, el déficit tarifario carecía de credibilidad.

Efectivamente, queridos niños, el déficit tarifario carecía de credibilidad, hasta el extremo de que había expertos que opinaban que si el Gobierno hubiera permitido a la CNE analizar en profundidad los datos facilitados por las compañías eléctricas al Gobierno, no sólo no habría existido dicho déficit (23.311,54 millones de euros, a 06.03.2012), sino que es muy posible que las compañías eléctricas hubieran tenido que devolver dinero a sus abonados. Para acabar este cuento del déficit tarifario os diré que, tras su salida del Gobierno, dos de los presidentes de aquel lejano país fueron contratados por compañías eléctricas: 

- Felipe González Márquez, presidente del Gobierno desde el 01.12.1982 al 04.05.1996, cobraba de Gas Natural Fenosa 126.500 euros anuales como consejero (11.500 euros por cada una de las 11 reuniones mensuales del consejo de administración) y superaba los 200.000 euros si asumía la presidencia de alguna comisión. 

- José María Aznar López, presidente del Gobierno desde el 04.05.1996 hasta el 17.04.2004, cobraba 200.000 euros anuales de Endesa, como asesor externo.

No os digo los nombres de altos cargos de la Administración Pública que en ese lejano país fueron contratados por las compañías eléctricas ni los nombres de directivos de compañías eléctricas que fueron altos cargos de la Administración Pública porque entonces este cuento no sería el del déficit tarifario, sino la historia interminable.

Si queréis más información sobre éste y otros cuentos de aquel lejano país, os recomiendo que visitéis www.estafaluz.com, donde comprobaréis cuán caro cuesta que los pastores (digo pastores porque los gobernantes de España trataban a los españoles como a un rebaño) estén, con total impunidad, al servicio de los lobos. Y colorín, colorado, el cuanto del déficit tarifario se ha acabado. "